Tras actos de violencia y denuncias por ingreso de armas, el Congreso de Michoacán en Morelia veta el acceso al Movimiento del Sombrero para garantizar la seguridad legislativa.
Morelia.- El presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, ha dictado una medida contundente al prohibir el acceso de los integrantes del Movimiento del Sombrero a la sede legislativa en Morelia. El legislador justificó esta decisión al calificar al grupo como una "pandilla de gángsters", argumentando que, tras el fallecimiento de su fundador, Carlos Manzo, el movimiento ha desvirtuado sus ideales, incurriendo en comportamientos violentos, arrogantes y fanfarrones que ponen en riesgo la integridad de los diputados y el personal administrativo del recinto.
La determinación responde a un historial acumulado de incidentes críticos, destacando la sesión del 27 de mayo durante la discusión de la reforma electoral local. En aquella jornada, simpatizantes del grupo dañaron infraestructura del Congreso y amedrentaron a los legisladores presentes. A este escenario se suma la grave denuncia por el ingreso de personas armadas al pleno sin autorización oficial, lo cual, para el diputado presidente, representa una amenaza inaceptable para el orden y la seguridad pública en la capital michoacana.
Además de los altercados legislativos, las autoridades del Congreso recordaron las agresiones físicas sufridas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante el funeral de Carlos Manzo, atribuidas a seguidores de esta agrupación. Ante la reiteración de estas conductas, la presidencia ha establecido que la atención a cualquier miembro del grupo, incluida la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, se realizará exclusivamente "de la puerta para afuera", restringiendo de manera estricta su acceso al interior del edificio.
Aunque representantes del movimiento, como el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, han denunciado un supuesto trato selectivo, el Congreso se mantiene firme en su postura de blindar las instalaciones ante cualquier riesgo. Mientras los afectados exigen una disculpa pública por el trato recibido, las autoridades legislativas enfatizan que la violencia no es una vía legítima para ejercer presión política en Michoacán y que no permitirán nuevas irrupciones que comprometan el funcionamiento de las instituciones democráticas del estado.
